¿Seguir llenando las cárceles?: reflexión hacia el derecho penal
- Camilo Yepes
Apuntes de gran relevancia acerca de la aplicación de penas, sobre todo a personas jurídicas en Colombia, se contienen en los tres más recientes libros generados por ocho profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué.
Aspectos actuales de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia, Lecciones de introducción a los principios del derecho penal, procesal penal y fines de la pena y El contrato estatal son las publicaciones, con el sello Ediciones Unibagué.
(Logros que nos enorgullecen: Consultorio Jurídico, certificado como inclusivo por Minjusticia)
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Una de estas reflexiones sensibles se contiene en el primer título, referido a la aplicación de penas hacia las personas jurídicas que cometen delitos. La pregunta hecha por la coautora María Cristina Solano de Ojeda conduce a establecer si es necesidad sancionarlas en el derecho penal.
Recientemente ya en muchos países existe sanción, pero muchas personas nos hemos inscrito en una corriente abolicionista penal, de buscar alternativas al derecho penal. Las cárceles están atiborradas: son una vergüenza".
Los documentos
Una de las pruebas está en su capítulo. Allí expone los altos índices de corrupción condensados por la Corporación Transparencia por Colombia entre 2016 y 2018, en los que el 73 % de los hechos relacionados en 46 medios de los 32 departamentos es de carácter administrativo, relacionado con el manejo de los fondos y potestades públicas por funcionarios públicos.
"Seguir metiendo a la cárcel por cualquier comportamiento (...). El derecho penal siempre está etiquetado, marcado, señalado por la cárcel. Hay que buscar alternativas, no es necesario penalizar a las personas jurídicas, pues ya están suficientemente reguladas a través del derecho administrativo sancionador", expuso.
El agravante, en su concepto, está en que ese responsable revive "a través de nombres diferentes. El esposo, el primo, el hijo... Son los mismos corruptos los que están manejando la persona. La sociedad no puede, no tiene elementos de control social verdaderos".
Una de las pruebas está en su capítulo. Allí expone los altos índices de corrupción condensados por la Corporación Transparencia por Colombia entre 2016 y 2018, en los que el 73 % de los hechos relacionados en 46 medios de los 32 departamentos es de carácter administrativo, relacionado con el manejo de los fondos y potestades públicas por funcionarios públicos.
"Seguir metiendo a la cárcel por cualquier comportamiento (...). El derecho penal siempre está etiquetado, marcado, señalado por la cárcel. Hay que buscar alternativas, no es necesario penalizar a las personas jurídicas, pues ya están suficientemente reguladas a través del derecho administrativo sancionador", expuso.
El agravante, en su concepto, está en que ese responsable revive "a través de nombres diferentes. El esposo, el primo, el hijo... Son los mismos corruptos los que están manejando la persona. La sociedad no puede, no tiene elementos de control social verdaderos".
Son libros que invitan a pensar desde lo académico, pero que están disponibles para toda la comunidad en el Repositorio Institucional de Unibagué: es el caso de El contrato estatal, del profesor Carlos Ferney Forero, a modo de manual, que se compone de 16 capítulos.
Temas como la noción, requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, el principio de ecuación financiera del contrato conforman este documento, dirigido a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Ibagué, pero, también, a quienes tengan o puedan tener relación con ello.
"Es una pertinente reflexión sobre la contratación estatal como parte sensible y responsable de la moralidad del servidor público, dado que se dispone de recursos públicos de la comunidad para el cumplimiento de los fines estatales", según expone el docente Freddy Camacho en su prólogo.
Sigue explorando el contenido académico especializado generado por docentes y estudiantes de la Institución en Ediciones Unibagué.
"Es una pertinente reflexión sobre la contratación estatal como parte sensible y responsable de la moralidad del servidor público, dado que se dispone de recursos públicos de la comunidad para el cumplimiento de los fines estatales", según expone el docente Freddy Camacho en su prólogo.
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